Évelyn Zúñiga Sánchez

Las instituciones autónomas constituyen una de las figuras más importantes dentro de la organización del Estado costarricense. Su creación respondió al propósito de descentralizar determinadas funciones públicas para que fueran administradas por órganos especializados, con mayor estabilidad y menor dependencia de los cambios políticos propios de cada gobierno. La base jurídica de estas entidades se encuentra en el Título XIV de la Constitución Política de la República de Costa Rica. El artículo 188 establece que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa, están sujetas a la ley en materia de gobierno y que sus directores responden por su gestión. Asimismo, el artículo 189 señala que son instituciones autónomas los bancos del Estado, las instituciones aseguradoras estatales y aquellas que la Constitución establezca o que sean creadas por la Asamblea Legislativa mediante una mayoría calificada.  Del dato anterior se deduce que la autonomía no es una concesión otorgada por algún gobierno en particular; esta corresponde a una disposición incorporada por los constituyentes de 1949 y modificada después mediante una reforma constitucional aprobada en 1968, la cual limitó el alcance de la autonomía, dejando claro que las instituciones gozan de independencia administrativa, pero no de una independencia absoluta respecto al Estado. ¿Qué significa la autonomía institucional? En términos prácticos, la autonomía permite que una institución administre sus recursos, organice su estructura interna, gestione su personal y planifique sus actividades sin depender directamente de un ministerio para cada decisión administrativa. El objetivo de este modelo es garantizar continuidad en la prestación de servicios considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Bajo esta figura operan entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los bancos y universidades estatales, entre muchas otras. En teoría, la autonomía debe traducirse en mayor eficiencia técnica, menos influencia partidaria y una visión de largo plazo para la ejecución de proyectos nacionales. Las universidades públicas y la autonomía institucional Dentro de las instituciones autónomas, las universidades públicas ocupan un lugar especial. La Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) disfrutan de autonomía constitucional destinada a proteger la libertad académica, la investigación científica y la independencia del pensamiento universitario. Históricamente, esta autonomía ha sido considerada un pilar fundamental de la educación superior pública costarricense. Gracias a ella, las universidades pueden definir programas académicos, impulsar proyectos de investigación y desarrollar labores de acción social sin estar sujetas a los intereses políticos de turno. Sin embargo, precisamente por administrar importantes recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), las universidades estatales se han convertido en el principal foco del debate nacional sobre los alcances y límites de la autonomía. La autonomía institucional y la administración del dinero público La principal crítica que diversos sectores realizan a las instituciones autónomas se relaciona con la forma en que algunas han interpretado su independencia. Frecuentemente, surgen cuestionamientos cuando la autonomía es utilizada como argumento para evitar revisiones externas, oponerse a determinados controles presupuestarios o rechazar reformas orientadas a aumentar la eficiencia del gasto público. Los críticos sostienen que, a veces, ciertas instituciones parecen interpretar la autonomía como una especie de protección frente al escrutinio ciudadano. Bajo esta idea, la independencia administrativa podría convertirse en un instrumento para limitar el control sobre decisiones relacionadas con contratación de personal, crecimiento de planillas, beneficios salariales o uso de recursos públicos. Aunque jurídicamente la autonomía no tiene ese alcance, la percepción pública ha crecido a raíz de diversos debates nacionales sobre transparencia y gasto estatal. Las universidades estatales en el centro de la discusión Las universidades públicas son, quizás, el caso más representativo de la controversia anteriormente expuesta. Cada año, las negociaciones del FEES generan intensas discusiones sobre el destino de los recursos asignados a la educación superior estatal. Los cuestionamientos suelen centrarse en la proporción del presupuesto destinado al pago de salarios, incentivos laborales, anualidades y otros beneficios. Para numerosos ciudadanos, el problema no radica en que los profesores y funcionarios reciban una remuneración justa por su trabajo, la preocupación surge cuando se percibe que una parte considerable del presupuesto institucional se concentra en la estructura administrativa y salarial, mientras que las becas, infraestructura, investigación o acceso estudiantil reciben menor atención. Esto ha llevado a que diversos sectores soliciten mayor transparencia sobre la distribución interna de los recursos, planteando preguntas como: ¿Qué porcentaje del presupuesto llega directamente a los estudiantes mediante becas y ayudas económicas? ¿Cuánto se destina al pago de salarios y pluses? ¿Cuál es el costo de las estructuras administrativas? ¿Cómo se evalúa el rendimiento de los recursos invertidos? ¿Qué indicadores permiten medir los beneficios que recibe la sociedad por esa inversión? Estas interrogantes reflejan una creciente demanda de información por parte de la ciudadanía, especialmente en momentos de limitaciones fiscales y presión sobre las finanzas públicas. Cuando la autonomía deja más preguntas que respuestas Uno de los aspectos que ha intensificado el cuestionamiento ciudadano hacia las instituciones autónomas, en especial a universidades públicas, es la percepción de que existe poca claridad sobre el uso detallado de recursos financiados con dinero de los costarricenses. Un ejemplo reciente fue la controversia generada a principios de este año por gastos de representación realizados por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) entre el 02 de octubre y el 27 de noviembre de 2025 en el restaurante El Novillo Alegre, por un monto de ₡818.206 distribuidos en cuatro distintas facturas correspondientes a reuniones oficiales. La información trascendió a la opinión pública a través de documentos y registros que circularon fuera de los canales habituales de divulgación institucional, provocando un amplio debate sobre la forma en que se utilizan los fondos universitarios. La polémica no se limitó a cuestionamientos externos, la propia Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) manifestó públicamente su preocupación

Tal como lo señalamos ayer, el debate sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha vuelto a ocupar la atención pública. Marchas, vigilias, declaraciones de autoridades, pronunciamientos universitarios y discusiones legislativas han colocado el tema en el centro de la conversación nacional. Ante esto, la ciudadanía tiene derecho a comprender qué está ocurriendo realmente y cuáles son las consecuencias de las decisiones que se encuentran en discusión. Lo primero que debe aclararse es que sí existe una propuesta de reducción de recursos para las universidades públicas. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó anoche una moción que rebajaría aproximadamente ₡8.048 millones del FEES correspondiente al presupuesto del 2027. No obstante, el proceso presupuestario aún no ha concluido, por lo que la medida todavía no puede considerarse definitiva. Ahora bien, de aprobarse esa reducción: ¿adónde irían esos recursos? Según la información fehaciente disponible, la propuesta contempla trasladar esos fondos al Ministerio de Educación Pública para atender obligaciones patronales relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA). En otras palabras, el dinero no desaparece del presupuesto nacional ni se destina a gastos desconocidos; se redirige hacia compromisos que el Estado mantiene con el sistema de pensiones del Magisterio. Este aspecto resulta particularmente relevante porque ha generado una falsa impresión en algunos sectores de que el debate enfrenta a estudiantes contra pensionados. La realidad es más compleja. Tanto el financiamiento de la educación superior pública como el cumplimiento de las obligaciones pensionarias son responsabilidades del Estado y ambos temas involucran derechos legítimos de la población. Por su parte, las universidades públicas han manifestado su preocupación debido a que consideran que reducir recursos podría afectar áreas sensibles como becas estudiantiles, cupos de ingreso, investigación académica y el funcionamiento de sedes regionales; asimismo, sostienen que los recintos alejados del Valle Central podrían ser algunos de los más perjudicados si la reducción llegara a concretarse. Aun así, es importante señalar que, hasta el momento, no se han presentado públicamente cifras definitivas que permitan determinar con exactitud cuántas becas dejarían de otorgarse, cuántos estudiantes resultarían afectados o cuál sería el impacto preciso en cada sede universitaria. Del mismo modo, tampoco se dispone de información detallada que permita establecer cuántos beneficiarios concretos obtendrían una ventaja directa del traslado de esos ₡8.048 millones hacia las obligaciones asociadas a JUPEMA. Es precisamente ahí donde debería centrarse la discusión nacional. La ciudadanía debería exigir respuestas a interrogantes fundamentales: ¿qué porcentaje del FEES llega directamente a los estudiantes a través de becas y servicios académicos?, ¿cuánto se destina a investigación, infraestructura o gastos operativos?, ¿quiénes serían los beneficiarios concretos del posible traslado de los recursos hacia obligaciones pensionarias?, ¿cuál de las dos alternativas produciría un mayor beneficio social para el país?  Estas preguntas merecen respuestas sustentadas en presupuestos oficiales, informes de ejecución, datos de la Contraloría General de la República y documentación pública verificable. Solo así será posible que cada costarricense se forme una opinión basada en evidencia y no únicamente en discursos políticos o emocionales. Costa Rica tiene una larga tradición democrática que reconoce el valor de la educación pública y también la importancia de honrar los compromisos adquiridos con quienes dedicaron su vida al servicio educativo. Por ello, la discusión sobre el FEES no debería dividir al país entre bandos irreconciliables, sino motivar un análisis serio sobre la mejor manera de administrar recursos que pertenecen a toda la ciudadanía. Como insistimos ayer: conviene hacer un ejercicio de responsabilidad cívica, informarse, contrastar fuentes y analizar los datos disponibles. Al final, más importante que decidir de qué lado estamos, es asegurarnos de comprender plenamente qué está en juego para el presente y el futuro de Costa Rica.

El derecho a protestar comienza con el deber de informarse, e informarse correctamente Primero que todo, deseamos externar que La voz del Nocturno no ha vestido ni vestirá jamás ningún color político. Publicaciones como esta se basan en hechos fácilmente comprobables, pues siempre ha sido nuestro objetivo que nuestra voz hable con la verdad, sin desvirtuar en lo absoluto la realidad. Dicho esto, hoy hablaremos sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que suele convertirse cada año en uno de los temas más debatidos del país. Sin embargo, la discusión pública muchas veces se ve afectada por consignas, interpretaciones parciales o afirmaciones que no siempre coinciden con los datos oficiales. Por ello, resulta fundamental comprender qué es el FEES, cómo funciona, quiénes reciben estos recursos y qué ocurrió realmente en la negociación correspondiente al año 2027. ¿Qué es el FEES? El FEES es el mecanismo mediante el cual el Estado costarricense financia a las cinco universidades públicas del país. Su existencia y protección están establecidas en el artículo 85 de la Constitución Política, que obliga al Estado a mantener un fondo especial destinado a la educación superior universitaria estatal. Además, dicho artículo señala que los recursos de este fondo no pueden ser eliminados ni disminuidos. Actualmente, el FEES financia a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). Estos recursos permiten pagar salarios, sostener la investigación, la acción social, las becas estudiantiles, el desarrollo tecnológico y numerosos proyectos que contribuyen al desarrollo nacional. ¿Cómo se establece el monto del FEES? Cada año, el monto se negocia en la Comisión de Enlace, integrada por representantes del Gobierno, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y representación estudiantil. Cuando las partes alcanzan un acuerdo, este se incorpora al proceso presupuestario nacional. Si no existe consenso, la discusión se traslada a la Asamblea Legislativa, justo como ocurrió este año. ¿Hubo recortes a la educación superior pública para 2027? A la luz de los datos oficiales, no puede afirmarse que para el año 2027 haya habido un recorte al FEES. La razón es sencilla: un recorte implica una reducción nominal de los recursos respecto al periodo anterior. Sin embargo, el FEES 2027 se mantuvo en ₡593.484 millones, es decir, el mismo monto de este año. Lo que sí existe es un debate legítimo sobre si ese monto es suficiente o insuficiente. Las universidades públicas habían planteado un aumento considerable, argumentando necesidades de expansión, regionalización, infraestructura, investigación y recuperación del poder adquisitivo. Por su parte, el Gobierno defendió una propuesta en función de la situación fiscal del país. FEES 2027 La decisión ha generado inquietud en los sectores universitarios, que sostienen que un crecimiento de 0% dificulta atender el aumento natural de los costos operativos, la expansión de los programas académicos, las becas estudiantiles, la investigación y los proyectos de acción social. Por su parte, el Gobierno ha defendido una política de contención del gasto público en un contexto de disciplina fiscal. No obstante, más allá de las posiciones encontradas, conviene analizar con serenidad qué significa realmente un aumento del 0%. Desde una perspectiva estrictamente presupuestaria, el FEES no sufriría una disminución nominal, ya que el monto asignado sería exactamente el mismo del año 2026. Es decir, no se estaría hablando de un recorte en términos absolutos, pues los recursos no bajarían respecto a este año.  Sin embargo, diversos especialistas en financiamiento público señalan que cuando los costos de operación aumentan debido a la inflación, al crecimiento de la matrícula o al encarecimiento de bienes y servicios, un presupuesto congelado puede traducirse en una pérdida del poder adquisitivo de los recursos disponibles. En otras palabras, aunque la cifra permanezca igual, su capacidad para financiar actividades podría verse reducida con el paso del tiempo. Empero, la discusión nacional sobre el FEES no debería limitarse a si el fondo aumenta o no. Una pregunta sumamente importante es cómo se utilizan esos recursos. Mientras más de la mitad de los estudiantes universitarios dependen de becas para sostener sus estudios, una parte significativa del presupuesto universitario se destina al pago de remuneraciones e incentivos salariales exageradamente altos. La ciudadanía tiene derecho a conocer ambas realidades y a exigir transparencia sobre el destino de cada colón invertido. La educación pública merece ser defendida siempre, pero también merece ser evaluada, cuestionada y fiscalizada; defender la educación no significa renunciar a exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos. La discusión sobre el FEES tampoco debería restringirse al monto global del fondo, sino al equilibrio entre remuneraciones, becas, investigación, acción social, infraestructura y servicios estudiantiles. El verdadero desafío consiste en garantizar que cada colón destinado a la educación superior pública produzca el mayor beneficio posible para los estudiantes y para el desarrollo de Costa Rica. Informarse antes de manifestarse La historia ha demostrado que los pueblos tienen el derecho, e incluso el deber moral, de alzar la voz cuando consideran que se está cometiendo una injusticia. Muchas de las conquistas sociales, laborales y educativas que hoy disfrutamos fueron posibles gracias a personas que se organizaron, cuestionaron las decisiones del poder y participaron activamente en la vida democrática. Sin embargo, el ejercicio responsable de ese derecho exige algo fundamental: estar bien informado. En una época marcada por la velocidad de las redes sociales, los mensajes virales y las consignas simplificadas, es tan fácil como riesgoso asumir posiciones sin haber examinado a conciencia todos los hechos. La protesta ciudadana adquiere mayor valor cuando nace de la convicción personal, del análisis crítico y del conocimiento de la realidad, no de la influencia o presión de terceros. Precisamente por ello, ha generado preocupación la difusión pública de un audio atribuido a una docente de la Universidad Nacional (UNA), en el que presuntamente se ejercía presión sobre estudiantes para que participaran en manifestaciones relacionadas con el FEES. Independientemente de las valoraciones políticas que cada persona pueda tener sobre este tema, ninguna causa democrática se

El Diccionario de la Real Academia de la Legua Española (DLE) registra cuatro diferentes significados para la palabra lucha; sin embargo, para efectos de esta publicación, nos quedaremos solo con la última acepción. Etimología: Del latín lucta. 4. (Función morfológica: sustantivo femenino). Esfuerzo que se hace para resistir a una fuerza hostil o a una tentación, para subsistir o para alcanzar algún objetivo.Sinónimos: esfuerzo, trabajo, sacrificio, brega, afán. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1.988 con el propósito de concienciar tanto a mujeres como a hombres sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a los tratamientos de esta enfermedad.  Hablar de esta conmemoración es hablar de lucha. Una lucha que libran miles de personas cada día frente al diagnóstico, los tratamientos, la incertidumbre y los desafíos físicos y emocionales que este padecimiento puede traer consigo. Pero también es una lucha colectiva que involucra a las familias, a los profesionales de la salud, a las instituciones y a toda la sociedad en el esfuerzo por promover la información, la prevención y el acompañamiento. Aunque el cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres, es importante recordar que los hombres también pueden desarrollarlo, aunque con mucha menor frecuencia. Por ello, la información y la vigilancia de los signos de alerta no deben considerarse exclusivas de un género; la lucha contra esta enfermedad requiere la participación y la conciencia de toda la población.  Uno de los mensajes más importantes de esta fecha es que la detección temprana puede marcar una gran diferencia. Los controles médicos periódicos, la atención a los cambios que puedan presentarse en las mamas y la consulta oportuna ante cualquier señal de alerta contribuyen a identificar la enfermedad en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento suelen ser más favorables. Asimismo, los especialistas insisten en la necesidad de adoptar hábitos saludables que favorezcan el bienestar general y ayuden a reducir factores de riesgo. Entre ellos destacan mantener un peso adecuado, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de tabaco, moderar o eliminar la ingesta de alcohol, y procurar una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y cereales integrales.  En este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el llamado es a transformar la preocupación en acción. La lucha comienza con la información, continúa con la prevención y se fortalece con la solidaridad hacia quienes enfrentan la enfermedad. Cada examen preventivo, cada consulta médica realizada a tiempo y cada gesto de apoyo representan un paso más en esta causa que busca salvar vidas y fomentar una cultura de cuidado, esperanza y acompañamiento. La lucha contra el cáncer de mama no corresponde únicamente a quienes reciben el diagnóstico, es un compromiso compartido que nos invita a estar atentos, informados y unidos frente a uno de los principales desafíos de la salud mundial.

Nos encontramos exactamente a diez días del inicio de las Pruebas Nacionales Estandarizadas. En el Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, detrás de cada pupitre hay hombres y mujeres que trabajan durante el día, atienden responsabilidades familiares, cuidan a sus hijos, administran sus hogares y, aun así, encuentran la voluntad y fuerzas necesarias para asistir a clases cada noche con el propósito de construir un mejor futuro. Por ello, estas pruebas constituyen una oportunidad para demostrar los aprendizajes adquiridos y reconocer el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que los han caracterizado a lo largo no solo del año, sino de toda su estancia en secundaria. Desde La Voz del Nocturno, queremos dirigir un mensaje especial de aliento, confianza y solidaridad a nuestros estudiantes de undécimo año. Reconocemos sus capacidades, valoramos su esfuerzo y no dudamos de que les va a ir bien. Sabemos que llegar hasta aquí ha requerido enormes sacrificios, constancia y muchas horas dedicadas a estudiar, incluso cuando el cansancio parecía ganar la batalla. Cada uno de ustedes tiene motivos para sentirse orgulloso del camino recorrido y de la decisión de seguir adelante a pesar de las dificultades. Deseamos también compartir unos cuantos consejos: Durante los días previos a cada prueba, es importante aprovechar el tiempo de manera inteligente; no se trata de estudiar largas horas hasta el agotamiento, sino de realizar repasos breves y enfocados en los temas principales. Quienes trabajan toda la jornada, pueden obtener mejores resultados dedicando algunos minutos diarios a revisar apuntes, resúmenes o ejercicios, en lugar de intentar abarcar grandes cantidades de contenido la noche anterior. La semana de evaluaciones también exige prestar especial atención al descanso. Aunque las obligaciones laborales y familiares continúan, procurar dormir lo suficiente favorecerá la concentración, la memoria y el razonamiento. Un estudiante descansado tiene mejores condiciones para rendir adecuadamente que uno que llega agotado por el exceso de estudio o la falta de sueño. Asimismo, conviene preparar con anticipación los materiales necesarios, planificar los horarios de traslado y evitar situaciones que generen estrés innecesario. Llegar con tiempo suficiente al centro educativo permite iniciar cada prueba con una actitud más tranquila y positiva. Durante cada prueba, deben leer cuidadosamente cada pregunta, identificar qué se solicita exactamente y administrar el tiempo de forma adecuada. Si alguna pregunta resulta difícil, lo mejor es continuar con las siguientes y regresar posteriormente a analizarla con mayor calma. En muchos casos, una lectura pausada permite comprender mejor lo que se pregunta y encontrar la respuesta correcta. Conviene también recordar que los nervios son normales. Sentir preocupación antes de una prueba no significa estar mal preparado. La confianza debe construirse sobre el trabajo realizado durante todo el curso, los aprendizajes adquiridos en clase y la experiencia de haber superado desafíos que, en ocasiones, han sido mucho más complejos que una prueba escrita. Para facilitar la organización, puede ser útil repasar en la noche la asignatura del día siguiente.Domingo 25: repaso de Estudios Sociales. Lunes 26: repaso de Matemáticas. Martes 27: repaso de Español. Miércoles 28: repaso de Ciencias. Jueves 29: repaso de Educación Cívica. Más allá de estos consejos, queremos que nuestros estudiantes tengan presente algo fundamental: no están solos en este proceso. Detrás de cada uno de ustedes hay docentes, familiares, compañeros y miembros de la comunidad educativa que desean verlos avanzar y alcanzar sus metas. Desde La voz del Nocturno, los acompañamos con nuestros mejores deseos y con la certeza de que todo el esfuerzo realizado durante todos estos años dará excelentes resultados. A quienes sienten temor o inseguridad, les decimos que no permitan que las dudas les hagan olvidar todo lo que han aprendido. A quienes llegan cansados después de una jornada laboral, les recordamos que cada paso que han dado hasta aquí demuestra su fortaleza. Y a todos nuestros estudiantes de undécimo, los invitamos a mirar hacia atrás y reconocer cuánto han crecido, cuánto han superado y cuánto mérito tiene haber llegado a esta etapa. Desde La voz del Nocturno, les enviamos un abrazo solidario, toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos. Crean en ustedes mismos tanto como nosotros creemos en ustedes. ¡Sigan adelante con optimismo! Estamos acompañándolos y deseamos de corazón que alcancen el éxito que merecen.    Pinche AQUÍ para acceder a prácticas de Pruebas Nacionales Estandarizadas.

🔸 Hace 233 años, el 16 de octubre de 1793, María Antonieta, reina de Francia, es ejecutada en la guillotina durante la Revolución Francesa. 🔸 En 1854, hace 172 años, nace en Irlanda el famoso escritor Oscar Wilde. 🔸 Hace 138 años, nace Eugene O’Neill (1888), célebre dramaturgo estadounidense y Premio Nobel de Literatura en 1936. 🔸 El 16 de octubre de 1978, hace 48 años, el cardenal polaco Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia (Polonia), fue elegido Papa y adoptó el nombre de Juan Pablo II. Su elección tuvo una enorme repercusión histórica porque se convirtió en el primer Papa no italiano en más de cuatro siglos, rompiendo una larga tradición en el liderazgo de la Iglesia católica. 🔸 En 2020, fallece el escritor costarricense Joaquín Gutiérrez Mangel, considerado una de las figuras más importantes de la literatura costarricense.