Tal como lo señalamos ayer, el debate sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha vuelto a ocupar la atención pública. Marchas, vigilias, declaraciones de autoridades, pronunciamientos universitarios y discusiones legislativas han colocado el tema en el centro de la conversación nacional. Ante esto, la ciudadanía tiene derecho a comprender qué está ocurriendo realmente y cuáles son las consecuencias de las decisiones que se encuentran en discusión.
Lo primero que debe aclararse es que sí existe una propuesta de reducción de recursos para las universidades públicas. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó anoche una moción que rebajaría aproximadamente ₡8.048 millones del FEES correspondiente al presupuesto del 2027. No obstante, el proceso presupuestario aún no ha concluido, por lo que la medida todavía no puede considerarse definitiva.
Ahora bien, de aprobarse esa reducción: ¿adónde irían esos recursos?
Según la información fehaciente disponible, la propuesta contempla trasladar esos fondos al Ministerio de Educación Pública para atender obligaciones patronales relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA). En otras palabras, el dinero no desaparece del presupuesto nacional ni se destina a gastos desconocidos; se redirige hacia compromisos que el Estado mantiene con el sistema de pensiones del Magisterio.
Este aspecto resulta particularmente relevante porque ha generado una falsa impresión en algunos sectores de que el debate enfrenta a estudiantes contra pensionados. La realidad es más compleja. Tanto el financiamiento de la educación superior pública como el cumplimiento de las obligaciones pensionarias son responsabilidades del Estado y ambos temas involucran derechos legítimos de la población.
Por su parte, las universidades públicas han manifestado su preocupación debido a que consideran que la reducción de recursos podría afectar áreas sensibles como becas estudiantiles, cupos de ingreso, investigación académica y el funcionamiento de sedes regionales; asimismo, sostienen que las regiones alejadas del Valle Central podrían ser algunas de las más perjudicadas si la reducción llegara a concretarse.
Aun así, es importante señalar que, hasta el momento, no se han presentado públicamente cifras definitivas que permitan determinar con exactitud cuántas becas dejarían de otorgarse, cuántos estudiantes resultarían afectados o cuál sería el impacto preciso en cada sede universitaria. Del mismo modo, tampoco se dispone de información detallada que permita establecer cuántos beneficiarios concretos obtendrían una ventaja directa del traslado de esos ₡8.048 millones hacia las obligaciones asociadas a JUPEMA.
Es precisamente ahí donde debería centrarse la discusión nacional.
La ciudadanía debería exigir respuestas a interrogantes fundamentales: ¿qué porcentaje del FEES llega directamente a los estudiantes a través de becas y servicios académicos?, ¿cuánto se destina a investigación, infraestructura o gastos operativos?, ¿quiénes serían los beneficiarios concretos del posible traslado de los recursos hacia obligaciones pensionarias?, ¿cuál de las dos alternativas produciría un mayor beneficio social para el país?
Estas preguntas merecen respuestas sustentadas en presupuestos oficiales, informes de ejecución, datos de la Contraloría General de la República y documentación pública verificable. Solo así será posible que cada costarricense se forme una opinión basada en evidencia y no únicamente en discursos políticos o emocionales.
Costa Rica tiene una larga tradición democrática que reconoce el valor de la educación pública y también la importancia de honrar los compromisos adquiridos con quienes dedicaron su vida al servicio educativo. Por ello, la discusión sobre el FEES no debería dividir al país entre bandos irreconciliables, sino motivar un análisis serio sobre la mejor manera de administrar recursos que pertenecen a toda la ciudadanía.
Como insistimos ayer: conviene hacer un ejercicio de responsabilidad cívica, informarse, contrastar fuentes y analizar los datos disponibles. Al final, más importante que decidir de qué lado estamos, es asegurarnos de comprender plenamente qué está en juego para el presente y el futuro de Costa Rica.