Costa Rica suele presentarse ante el mundo como una democracia estable, una nación de paz, sin ejército, y una sociedad capaz de resolver sus conflictos dentro de los límites de la institucionalidad. Esa imagen contiene elementos ciertos, pero se vuelve peligrosa cuando sirve para ocultar las páginas más oscuras de nuestra historia, porque sí existen hechos que resultan incompatibles con el relato complaciente de un país “inmune” a la violencia política, al crimen organizado o a los ataques contra la libertad de expresión.
Los asesinatos de los periodistas Rogelio Fernández Güell, Parmenio Medina Pérez, Ivannia Mora Rodríguez, Camilo Rodríguez Chaverri, junto con el atentado de La Penca en Nicaragua, que golpeó directamente al periodismo costarricense, conforman una cadena de acontecimientos que obligan a mirar de frente una realidad incómoda. Cada caso ocurrió en contextos distintos.
Cada víctima tenía una trayectoria diferente. Sin embargo, existe un hilo conductor: la violencia dirigida contra personas vinculadas a la información, la denuncia, la crítica o el ejercicio del pensamiento.
Olvidar estos hechos no es un acto de ingenuidad, es permitir que la impunidad y el tiempo terminen de hacer el trabajo que iniciaron las balas y las bombas.
El asesinato de un periodista en tiempos de dictadura
Cuando se habla de asesinatos políticos en Costa Rica, el nombre de Rogelio Fernández Güell debería ocupar un lugar central. Sin embargo, para muchos costarricenses es apenas una referencia lejana en los libros de historia, e incluso, tristemente habrá muchísimas personas que ni siquiera conocen esta página negra en la historia de nuestro país.
Rogelio Fernández Güell nació en San José en 1883, desde muy joven desarrolló una intensa actividad periodística y política; su carácter combativo quedó demostrado desde la adolescencia, cuando publicó artículos críticos contra figuras poderosas de la época y enfrentó procesos judiciales por sus escritos. No era un observador silencioso, era un hombre convencido de que el periodismo y la palabra escrita debían servir para fiscalizar el poder (si esto les parece un déjà vu, no es coincidencia).
Durante su vida defendió principios democráticos, cuestionó abusos de autoridad y combatió prácticas que consideraba contrarias a las libertades públicas. Aquella postura terminó convirtiéndolo en enemigo de quienes veían la crítica como una amenaza.
Tras el golpe de Estado encabezado por Federico Tinoco en 1917, Fernández Güell se convirtió en uno de los opositores más notorios del régimen. No se limitó a escribir editoriales, participó en esfuerzos dirigidos a restaurar el orden constitucional y enfrentó directamente a una dictadura que perseguía a sus adversarios.
Intentó impulsar una rebelión en 1918, la cual fracasó, pues carecía de los recursos necesarios para enfrentar a un sistema represivo consolidado. Después de esta derrota, Fernández Güell emprendió la retirada acompañado por varios seguidores. Lo que vino después constituye uno de los episodios más vergonzosos de la historia política costarricense.
El 15 de marzo de 1918 fue capturado junto con varios compañeros en la zona de Buenos Aires de Puntarenas. No murió durante un combate, no cayó en una confrontación armada, fue ejecutado junto a quienes lo acompañaban. Los relatos históricos describen una persecución despiadada contra hombres derrotados y prácticamente indefensos.
La muerte de Fernández Güell no fue solamente la eliminación de un opositor político, constituyó un mensaje de terror, una demostración de lo que podía ocurrirle a quien se atreviera a desafiar al poder dictatorial.
Es imposible exagerar la gravedad de este crimen. Costa Rica, que hoy se presenta como ejemplo democrático, tiene entre sus páginas históricas el asesinato de uno de sus periodistas e intelectuales más destacados a manos de fuerzas vinculadas a un régimen autoritario, y además resulta sumamente vergonzoso que la memoria colectiva no ha otorgado a este hecho la relevancia que merece.
Una bomba lanzada contra el periodismo latinoamericano
El 30 de mayo de 1984 ocurrió uno de los ataques más impactantes de la historia reciente de Centroamérica. La escena se desarrolló en La Penca, una zona ubicada cerca de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.
Aquel día, el comandante guerrillero nicaragüense Edén Pastora, conocido como “Comandante Cero”, ofrecía una conferencia de prensa; decenas de periodistas internacionales habían llegado para cubrir el conflicto que enfrentaba a distintos actores armados de Centroamérica.
La rueda de prensa parecía un procedimiento periodístico rutinario, pero entonces ocurrió la explosión. Una bomba oculta dentro del equipo fotográfico de un falso reportero se detonó en medio del encuentro. El impacto fue devastador.
La explosión provocó una escena dantesca de caos absoluto, los cuerpos quedaron esparcidos entre cámaras, grabadoras, cables, mochilas y equipos de trabajo. Los sobrevivientes describirían después gritos, sangre, esquirlas y una confusión total mientras intentaban identificar quién estaba vivo y quién no.
Entre las víctimas mortales estuvieron Jorge Quirós Fallas (camarógrafo de Notiséis, Canal 6) y Evelio Sequeira Rodríguez (asistente de cámara y sonidista de Notiséis, falleció en el Hospital México después de siete días de dolorosa agonía), ambos costarricenses; así como Linda Frazier, periodista estadounidense que trabajaba para el semanario costarricense The Tico Times; y varios guerrilleros nicaragüenses que formaban parte de la escolta y el equipo de apoyo de Pastora. Decenas de personas resultaron heridas y quedaron marcadas física y psicológicamente por el resto de sus vidas.
Lo ocurrido en La Penca no fue un accidente ni una tragedia fortuita, fue un atentado deliberado contra un espacio donde se ejercía el periodismo. Las investigaciones posteriores dieron origen a décadas de controversias, hipótesis, procesos judiciales y debates internacionales sobre la autoría intelectual y material del ataque. Lo que no admite discusión es el saldo humano y el terrible hedor a impunidad.
Un tufo insoportable a impunidad