La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, conmemorada cada 7 de octubre, constituye una oportunidad para reflexionar sobre el valor del trabajo como fuente de bienestar, realización personal y desarrollo social.
El concepto de trabajo decente, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1.999, plantea que toda persona debe tener acceso a un empleo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. La noción de trabajo decente parte del principio de que el empleo no debe limitarse a la generación de ingresos, sino que implica el respeto de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación, la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades, la protección frente a prácticas abusivas y el acceso a prestaciones que resguarden a las personas trabajadoras durante distintas etapas de su vida. Cuando estas garantías se encuentran presentes, el empleo se convierte en una herramienta efectiva para combatir la pobreza, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social de una nación.
En Costa Rica, la realidad laboral presenta avances importantes, pero también desafíos que requieren atención. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), durante el segundo trimestre de 2.026 la tasa de desempleo nacional se ubicó en un 7,0%, con una población desempleada estimada en 164.000 personas, dato que evidencia la necesidad de ampliar las oportunidades de inserción laboral, especialmente para grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado de trabajo.
Uno de los retos más significativos es la informalidad laboral. Según estimaciones del INEC, cerca de 785.000 personas desarrollan actividades económicas en esta condición, lo que equivale aproximadamente al 38 % de la población trabajadora. Esta realidad implica que una parte considerable de la fuerza laboral carece de beneficios esenciales como cobertura de seguridad social, acceso a pensiones, vacaciones remuneradas, licencias laborales y otras garantías contempladas en la legislación costarricense. La ausencia de estos derechos incrementa la vulnerabilidad económica de los hogares y limita las posibilidades de movilidad social.
A esta situación se suma la persistencia de formas de explotación que pueden manifestarse mediante jornadas excesivas, incumplimiento de obligaciones patronales, remuneraciones insuficientes o condiciones inseguras para el desempeño de las labores. Tales prácticas afectan especialmente a personas migrantes, trabajadores con escasos estudios y los dependen de actividades económicas informales.
La defensa de los derechos laborales representa, por tanto, una responsabilidad compartida entre el Estado, los empleadores, las organizaciones sindicales y la ciudadanía. El cumplimiento de la normativa, el fortalecimiento de la inspección laboral, la formalización de actividades productivas y la promoción de entornos inclusivos constituyen acciones fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa.
La Jornada Mundial por el Trabajo Decente nos recuerda que el progreso de un país no debe medirse únicamente por indicadores económicos, sino también por la capacidad de garantizar que cada persona pueda ganarse la vida en condiciones de respeto, seguridad y justicia. En una nación como Costa Rica, reconocida por su compromiso con los derechos humanos y el bienestar social, esta conmemoración invita a duplicar los esfuerzos para que el trabajo sea siempre sinónimo de dignidad, protección y oportunidades de desarrollo para todos.
